R.Soberón, analista
Desde su origen en el mundo moderno, las normas de Derecho Internacional, las relativas a los Derechos Humanos y aquellas vinculadas al Derecho Internacional Humanitario, pretenden conducir las relaciones de Estados, países, regímenes y ahora, grupos, corporaciones e individuos, sin excepción erga omnes. Tales regímenes han tenido una importante evolución normativa y política que se ha expandido a nivel global, sin distinción del tipo de gobierno encargado de aplicarlas. Desde su positivización en diciembre de 1948, siempre fue visible la confrontación entre los derechos de primera, segunda e incluso tercera generación, entre libertades, derechos progresivos y aquellos más difusos, de naturaleza colectiva. Tal secuencia de derechos, en su momento, dividieron a los países en las órbitas del Este y el Oeste del mundo, en plena vigencia de la “Guerra Fría” (1945-1991). Occidente siempre defendió la visión liberal de los derechos, mientras que los países de la órbita del Este defendieron siempre una percepción más amplia desde lo social y económico. Ahora, se produce una intensa competición tecnológica, comercial, militar de EE.UU con China, que trasciende ese debate conceptual pero que, por ejemplo, pone en disputa la trascendencia de la viabilidad de la democracia norteamericana respecto de la democracia popular de partido único.
Hoy en día, co existen regímenes diversos de promoción y protección de los DD.HH con una serie de mecanismos e instrumentos vinculantes. Antes que ellos, se encuentra el relativo cumplimiento y vigencia de los principios esenciales del Derecho Internacional, es el caso de cumplimiento de los tratados, la proscripción de la guerra, solución pacífica de controversias, la no injerencia o la soberanía de los Estados. A partir de 1948 en adelante, se presenta un nuevo escalafón con el tema de la vigencia de los derechos individuales y luego, los sociales y colectivos que son de carácter progresivo. Así tenemos en la actualidad, sub sistemas normativos sobre tipos de personas e individuos (mujeres, niños, pueblos, discapacitados), o regímenes específicos para la promoción del empleo versus la automatización (OIT), la mejora de la educación frente a los retos de la tecnología (UNESCO), la alimentación, seguridad alimentaria contra los transgénicos (FAO) y la salud frente a las pandemias (OMS), que sin embargo tienen severas limitaciones en su cumplimiento.
Por otro lado, se ha incorporado en el proceso evolutivo de las relaciones internacionales el concepto de la materialización de la democracia occidental, como el sistema político normalmente aceptado en la comunidad internacional. Este modelo, se ha expandido con diferencias en todo el hemisferio sur, aparte de las monarquías y gobiernos de Europa Occidental y los de América del Norte. Esta, se basa fundamentalmente en la coexistencia del principio de separación y equilibrio de poderes, las libertades básicas reconocidas, y los derechos electorales. Este es el que es promovido por la OEA a lo largo del hemisferio.
En los últimos años, lo que se ha producido en el sistema internacional es la cooptación de este sistema político por parte de las potencias occidentales y los organismos representativos, como si fuera el único paradigma posible para todo el globo. Por el otro lado, el Consenso de Washington ordena la implementación de determinadas políticas públicas en materia social y económico (el libre mercado), que impactan negativamente sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las políticas ambientales.
Ello deja de lado, por ejemplo, al mundo musulmán, africano y asiático con sus particulares visiones de la democracia y el buen gobierno, con instituciones y mecanismos propios de sus culturas. Por lo tanto, no se mide con la “misma vara” fenómenos similares. Por ejemplo, los casos de autoritarismos diversos (desde Hitler, Mussolini, hasta Pinochet, Marcos, Somoza). Ahora tenemos diversos gobiernos que disfrazan democracias formales, o tienen otro sentido popular o socio cultural, como es el caso de Venezuela y Bolivia.
Aparece una tenue línea divisoria entre lo que es legítimo y lo que no lo es, según quien sea el impulsor (EE. UU, y las coaliciones impulsadas por ellos). Esto termina separando el orden internacional impuesto por Occidente del resto del mundo, es el caso del mundo africano, del sudeste asiático, y por supuesto del latinoamericano, compuesto por democracias cada vez más imperfectas que sufren del desgano popular al no conseguir mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los sucesivos gobiernos de EEUU desconocen las reglas internacionales que no le interesan o que impactan sobre sus intereses nacionales. Aplica y establece sus propios mecanismos y espacios de coordinación (APEC, NATO), usa desmedidamente las expulsiones de ciudadanos, la extradición de sospechosos, la denominada “persecución en caliente” y el mantenimiento de instalaciones militares en todo el globo. Finalmente, se ha producido la securitización de temas complejos, como son el abordaje de los tráficos ilegales, siguiendo el mal ejemplo de la “Guerra contra las Drogas” (1989). La posterior implementación de la “Guerra contra el Terrorismo” a partir de los hechos del 11 de setiembre del 2001, dio lugar a muchas acciones unilaterales que pueden ser objetivamente consideradas como violaciones a las normas fundamentales, desde la propia invasión de Iraq, Afganistán, los bombardeos indiscriminados espacios urbanos, la detención/reclusión ilegal de sospechosos, el mantenimiento de cárceles secretas como las que ocurrieron en Guantánamo, la permanencia de la ocupación en el tiempo, son solo una muestra. Ahora, se produce la expansión de las acciones de la OTAN; lo que antes fue solamente las intervenciones “humanitarias” ahora se eleva a escala global. Pero ahora, hay cada vez mayores regiones en disputa entre los superpoderes que se encuentran perdidas para su gobernanza, por efectos de la guerra, el hambre o la delincuencia: el Sahel, el Cuerno de África, Palestina, vastos territorios en México y/o Brasil.
Son comunes la ejecución de diversas modalidades de intervencionismo en asuntos internos, desde golpes de estado tradicionales, acciones híbridas (injerencia en prensa o en partidos políticos), intervenciones militares puras (incursiones específicas), formación de coaliciones. La estigmatización, bloqueo o sanción de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia, por más problemas que estos tengan y cualquiera sea la causa de ellos. Es por ello, que el mundo de lo que va del siglo XXI, debe estar alerta en este lento proceso de dominio que se viene dando para instalar en el imaginario social, colectivo y mediático, una forma de vida, de pensar las instituciones.
