Recientemente, salió publicado el Informe de Derechos Humanos que saca anualmente el Departamento de Estado norteamericano, sobre la situación en el mundo[1]. Este documento cubre hasta el final de la administración Biden, alcanza a 200 países, aunque admite haberse ajustado a las ordenes ejecutivas de la actual administración. El contenido, los alcances del mencionado documento, revela la parcialidad con la que se puede manejar este tema. Mientras, la arquitectura multilateral de la ONU sobre el mismo tema languidece por falta de financiamiento, es el caso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU[2].
Lo curioso es la posición desde la que se entiende, comprende y evalúa la situación, incluyendo críticas a determinadas políticas como Reino Unido y Alemania. Así por ejemplo, sucede con el análisis de las políticas migratorias de los países latinoamericanos, pero con un nulo o escaso nivel de autocrítica que hay en el Departamento de Estado para, por ejemplo, evaluar las consecuencias de las políticas migratorias implementadas por el ICE en los diversos Estados norteamericanos, desde las prohibiciones, las detenciones ilegales, las retenciones, la división de núcleos familiares, las masivas expulsiones a terceros países, las negativas al otorgamiento de un determinado estatuto, todas son acciones que de una u otra manera violentan el goce de los derecho humanos en especial para refugiados, migrantes o apátridas. Además del problema migratorio, tenemos un grave problema carcelario, de discriminaciones de distinto tipo, además de los problemas que acarrea la libertad de porte de armas o la sanción de pena de muerte que se aplica en ese país. O para citar un caso más reciente, la militarización de Washington DC por parte de la Guardia Nacional, para enfrentar el supuesto problema de criminalidad.
Para el gobierno de Donald Trump, la situación se deteriora en Brasil por las decisiones judiciales contra la red social X, o por los procesos judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro; pero no le importa interferir y relacionar el castigo arancelario de hasta 50% a esas decisiones de la Justicia federal sin entender el principio de separación de poderes que impera en cualquier democracia.
De otro lado no ve problemas en las respuestas que hacen los gobiernos de El Salvador y Ecuador para enfrentar las amenazas a la seguridad pública impuestas por la criminalidad organizada.
Creemos que no es válido poner unos sobre otros, o mejor dicho, no es posible relievar un aspecto de los derechos humanos a costa de otros, de acuerdo con la conveniencia del gobierno de turno. Este principio se debe aplicar tanto en el ámbito doméstico, como en el ámbito externo.
En el caso de El Salvador, analiza la situación con un lenguaje menos comprometedor, y no se fija, por ejemplo, en los límites al ejercicio de diversos derechos políticos y los riesgos de la reelección indefinida recientemente aprobada. Evita hacer un pronunciamiento específico sobre las implicancias del mantenimiento del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) que alberga a mucha población sin cargos. Algo similar ocurre con el análisis que hace sobre el uso indiscriminado que algunos países hacen de los estados de excepción perdiendo su calidad de temporal y oportunidad. Es decir, en algunos casos si son bien usados, en otros no.
Obviamente, existe una lectura política de la situación en la medida que lo establecido en el reporte es utilizado al momento de determinar una u otra política sobre dicho país. Cuando no se quiere chocar con un determinado país, se utiliza el concepto “There were no significant changes”. Por supuesto, el Informe tiene una mirada interesada y políticamente prejuiciada sobre la situación en Cuba, Venezuela e incluso en Nicaragua, mientras evita tocar un punto sensible que es el efecto de las sanciones internacionales sobre la población de esos países.
[1] https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/
[2] https://www.hrw.org/news/2025/07/08/un-funding-crisis-threatens-work-of-human-rights-council