El reciente asesinato de Fernando Villavicencio[1], uno de los ocho candidatos presidenciales ecuatoriano, pone en evidencia la gravedad de la situación de desigualdad, inequidad e informalidad que linda con la ilegalidad, que sufren gran parte de los países de América del Sur. El magnicidio ocurre en momentos que el sistema político ecuatoriano había decidido nuevas elecciones luego de la “muerte cruzada” planteada por el presidente Lasso (cierre del Congreso y convocatoria a nuevas elecciones).
El gobierno de Lasso, que llevaba tan solo ocho meses en el poder y se ha visto cruzado por una fuerte oposición que lo llevó al cierre del Congreso, levantó el mensaje del éxito de la política de lucha contra el narcotráfico y la disputa territorial del narcotráfico, pero se trata de una respuesta reactiva y efectista.
Los cambios ocurridos en el mercado internacional de la cocaína en medio de la pandemia, son rotundos para el caso ecuatoriano: crecimiento sostenido de la demanda internacional de cocaína (22 millones de usuarios), particularmente en Europa Occidental. Cambios en la logística de las organizaciones internacionales (mexicana, Sinaloa, albanesa, rusa, china), hacen que la Amazonía, la costa Pacífico y el Cono Sur se conviertan en importantes “hubs” de exportación marítima de cocaína.
Ecuador se ha convertido de país de tránsito en proveedor de cocaína al mercado internacional: el uso intensivo del corredor entre departamento de Nariño en Colombia y provincia de Esmeraldas en Ecuador. La policía ha identificado hasta 38 santuarios de exportación en las costas de ese país[2].
Esto acrecienta el nivel de interés y enfrentamiento de organizaciones criminales locales, mexicanas y colombianas. Solo el 2022 se incautaron en el Ecuador, 201 toneladas de cocaína, cuando el Perú esta en el orden de 60/70 toneladas decomisadas.
Por otro lado, la descontrolada migración procedente de Venezuela (consecuencia en parte de política de las sanciones impuestas por EEUU), ha recalado en el Ecuador, facilitando la instauración de organizaciones como las del “Tren de Aragua” que se han asentado en el control de varias figuras delictivas.
Después de la pandemia, se ha producido una preocupante alza de los niveles de violencia, asesinatos (de 13.7 a 25 a 40 por 100,00 habitantes antes, durante y después de la pandemia, de las más altas de América Latina y el mundo), sicariatos, amenazas, chantajes y extorsión, principalmente en la costa ecuatoriana.
Una de las consecuencias y centros neurálgicos del problema radica en la crítica situación carcelaria (centro El Litoral, Guayaquil), ocurrencia de once masacres en ese centro con decenas de muertes provocada por el enfrentamiento de las cárceles (412 víctimas de asesinatos, 591 desde el 2018 según el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos del Ecuador), entre bandas que manejan acciones delictivas en el exterior. Ecuador vive uno de los índices mas fuertes de hacinamiento carcelario de América del Sur[3], en parte provocado por el uso excesivo de la detención preventiva, que se convierte en la respuesta usual del Estado para controlar la criminalidad en las calles. El hacinamiento y sobrecarga de las cárceles, acarrea la pérdida de control de Estado, se convierten en centros de disputa de poder en el exterior del negocio de la cocaína: son frecuentes las extorsiones por los caporales en los pabellones, y el uso indiscriminado de la violencia por organizaciones y pandillas al interior de las prisiones.
Principales Masacres.
| Fecha | Lugar | Resultados |
| 18/11/21 | ||
| 23/2/21 | Azuay, Guayas | 34 y 31 |
| 21/7/21 | Penitenciaria del Litoral y Cotopaxi | 8 y 19 |
| 29/09/21 | Penitenciaria del Litoral | 119 |
| 12 y 13/11/21 | Penitenciaria del Litoral 68 | |
| 3/4/22 | Azuay, Cuenca | 20 |
| 9/5/22 | Bellavista Santo Domingo | 44 |
| 18/7/22 | Bellavista Santo Domingo | 12 |
| 3/10/22 | Cotopaxi Latacunga | 16 |
| 5/10/22 | Penitenciaria del Litoral | 13 |
| 7/11/22 | El Inca Quito | 5 |
| 18/11/22 | El Inca Quito | 10 |
Pese a visita de la CIDH, las siete acciones dictadas por el gobierno de Lasso (15/11/21), han sido incumplidas o insuficientes. El uso desmedido de los estados de emergencia en las cárceles, parece no tener resultado.
Por otro lado, una secuencia de hechos violentos que incluyen acciones armadas en los puertos del litoral ecuatoriano: Esmeraldas, Manabí, el Golfo de Guayaquil.
Otro factor a tomar en consideración, es el impacto de una migración descontrolada – que tiene entre otros factores de explicación, las consecuencias de las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela- que ha acarreado la injertación de organizaciones complejas como el denominado” Tren de Aragua” que es de carácter trasnacional y actúa en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Otras organizaciones criminales locales como “Los Choneros”,” Los Lobos”, interactúan en este difícil contexto.
Riesgos de Gobernabilidad.
El incremento de la violencia ha pasado de puertos a cárceles, de estas a las calles y ahora al sistema político ecuatoriano. Además de ponerse en riesgo el proceso electoral próximo (20 de agosto), pueden producirse peligrosas tendencias: desde recurrir a modelos de mano dura como las que esta implementando (con éxito) el presidente Bukele en El Salvador y se están contagiando a Honduras y otros países centroamericanos, la autorización del porte de armas, el incremento de penas que agudizara la crisis carcelaria actual.
[1] Villavicencio es un periodista de investigación, ex asambleísta, estuvo comprometido en acciones de investigación en casos de contratos petroleros y exportación de arroz. Había denunciado amenazas contra su vida.
[2] https://www.bnamericas.com/es/entrevistas/como-el-narcotrafico-desato-la-ola-de-violencia-en-ecuador
[3] https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/03/05/dos-anos-de-matanzas-en-las-carceles-del-ecuador-entre-las-mafias-carcelarias-la-poca-gestion-gubernamental-y-las-familias-que-exigen-justicia-al-estado/