Por: Ricardo Soberón, analista.
En una de sus últimas decisiones como presidente en ejercicio, la administración de Joe Biden decidió retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, lugar a la que fue incluido por su decisión de no extraditar a Colombia a los dirigentes del ELN, mientras se condujeron las acciones de dialogo con el gobierno colombiano. Los países que permanecen en la referida lista son Irak, Corea del Norte y Siria. Cuba estuvo anteriormente en dicha lista, en el período de 1982 al 2015 por supuestamente haber acogido a miembros del ETA y las FARC, hasta que por primera vez el presidente Obama la retiró y luego Trump la volvió a incluir en el año 2017 y en enero del 2021 por el secretario de estado Mike Pompeo.
A ello se agrega la exención de la aplicación del Título III de la Ley Helms Burton que fue aplicada durante la primera administración Trump. Asimismo se incluye la rescisión de un Memorandum que contiene una Lista restringida de entidades sujetas a prohibiciones financieras específicas.
Por su parte, el gobierno de La Habana se ha comprometido a liberar a 550 presos con la intermediación del Vaticano, en reciprocidad a dicha medida. Esta decisión de último minuto del gobierno Biden, permite reiniciar tímidas acciones de cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo en el hemisferio y particularmente en el Caribe.
Como dice la Cancillería cubana, es una decisión en la dirección correcta, aunque no hace referencia alguna a las decisiones mayores relativas al largo bloqueo económico que sufre la isla desde la década de los años 60, constituyéndose en una verdadera forma de guerra económica que trasgrede cualquier forma esencial del libre mercado internacional. Por otro lado, constituye una flagrante violación al principio de libre determinación al que tienen derecho todos los pueblos del mundo.
La coerción en cualquiera de sus modalidades y formas constituye una mala forma de conducir las relaciones exteriores hacia el resto de la comunidad internacional. Aunque no es el único país en ejercerla, es el que mayormente lo hace, bajo la forma de bloqueos, restricciones, embargos, certificaciones, prohibiciones expresas, y muchas otras formas que incluyen las restricciones a envíos de combustibles, medicinas o transacciones financieras.
Por lo general, los mandatarios norteamericanos aguardan sus últimos días de gobierno para tomar decisiones complejas, incluyendo el indulto de presos o decisiones como las que se comentan.
En un discurso ante el Departamento de Estado, donde presentó una revisión de la política exterior de su gobierno, Biden dijo: “América es más fuerte, nuestras alianzas son más fuertes. Nuestros enemigos y competidores son más débiles. Y no hemos necesitado ir a la guerra por ello”.[1]
La medida anunciada deberá ser todavía enviada al Congreso en Washington y probablemente sea revertida en las siguientes semanas luego de la asunción de Trump, el próximo 20 de enero. La tardía decisión tomada por la Casa Blanca muestra la poca coherencia y entereza incluso en las administraciones demócratas, a sabiendas de lo injusto de las medidas o la poca eficacia de sus “certificaciones” o decisiones en torno a un determinado país.