Por Ricardo Soberón, analista
EE.UU no cree en las normas de Derecho Internacional (ONU), especialmente las de Derecho Penal Internacional (Corte Internacional), más de lo que cree en su Constitución, sus Enmiendas y su legislación federal. Sin embargo, ello no ha evitado que los diversos gobiernos norteamericanos tomen todos los recaudos necesarios para poder aplicar la legislación norteamericana en el exterior, sin tener problemas jurídicos con terceros países. Así por ejemplo, ha disfrazado muchas de sus intervenciones en el Medio Oriente, con la conformación de alianzas específicas cuando no ha contado con la aprobación de la ONU (artículo 42 de la Carta). Otro mecanismo es compartir programas, propuestas y proyectos legislativos, de manera abierta o disfrazada, para proteger la acción militar en el exterior.
Este elemento es fundamental para entender el patrón seguido por la Casa Blanca en el proceso de persecución, detención y expulsión a mas de 600,000 migrantes mayormente latinoamericanos, como parte de su lucha contra la criminalidad proveniente del Sur del hemisferio. En ese camino, en su primer año Trump dio Ordenes Ejecutivas diversas, para criminalizar a los migrantes, identificar grupos a los que denominó hostiles y “narco terroristas”, disponer de listas y registros de personas sujetas a la persecución, además de un extenso programa de sanciones contra países, empresas y personas. A partir de allí se aprobó el Escudo de las Américas, la Coalición Anti carteles y se adoptaron las primeras acciones operativas en el Ecuador, Colombia, Bolivia y ahora en el Perú.
Su gobierno los denomina “narco terroristas” a pesar que ambas tipologías son muy distintas en su naturaleza y conformación: los grupos que cometen exclusivamente actos terroristas (grupos radicales islámicos o Sendero Luminoso en su momento), buscan influir sobre la población y el Estado causando terror mediante sus actos violentos, las estructuras tras nacionales que comercian con productos ilícitos buscan maximizar sus ganancias ilícitas, burlando la acción del Estado.
No es óbice para que puedan ocurrir formas mixtas de participación criminal: por ejemplo, senderistas brindando seguridad a los convoyes con droga en el VRAEM, organizaciones criminales mexicanas cometiendo masacres o atentados en zonas urbanas de Sinaloa. Incluso podemos incluir formas diversas de participación de formas estatales en la cadena delictiva, desde fiscales (Bolivia), militares (Perú), policías (EE.UU).
Por ello, uno de los primeros pasos en la ejecución del “Escudo de las Americas” -luego de su suscripción-, ha sido la presentación de propuestas legislativas diseñadas en Washington, como el Estatuto Antiterorrista en Colombia, la declaración de conflicto armado en el Ecuador mediante decretos 111 y 424, o la inclusión del debate sobre grupos hostiles dentro de las facultades legislativas que incluyen los grupos hostiles en el Perú. ¿Para qué? A ello se suman dos acciones militares directas, que remueven la estabilidad en la región: el bombardeo de lanchas sospechosas en el Caribe y el Pacífico, y la intervención militar en Venezuela.
Pues implica la alineación de los ordenamientos jurídicos nacionales a la estrategia global contra el terrorismo promovida por Washington, la misma que falló al declarar que Hussein tenía armas de destrucción masiva en Iraq, la misma que le ha entregado Afganistán a los talibanes, o la misma que ha promovido una guerra en Irán y la Península Arábiga, de la que no sabe como salir.
¿Cuáles serán los próximos pasos? Ya los estamos viendo en el Perú: los sobre-vuelos en la región del Putumayo del Comando Sur, acciones conjuntas contra la minería ilegal con participación del FBI. Pronto veremos las primeras expulsiones administrativas de cabecillas de la minería ilegal a EE.UU. La incapacidad del gobierno de la Sra Fujimori para emprender las acciones necesarias (reforma policial, mejora de infraestructura carcelaria), la llevan como única salida, a someterse a las acciones publicitarias que emprende Donald Trump, Marco Rubio, el general Francis Donovan del Comando Sur y el embajador Bernie Navarro. Cualquier despliegue policial o militar en tierra, por parte de unidades especiales norteamericanas, deberá estar protegida, política y jurídicamente, para evitar bajas o la sanción de actos irregulares.
Una de las últimas movidas administrativas ha sido la creación de una Oficina para Operaciones militares en el hemisferio occidental con sede en Miami, la movilización de 600 hombres de la Décima División de Montaña a Panamá, y la rotación de varios drones MQ 9 Reaper, a Colombia y Ecuador, para apoyar las acciones anti narcóticos de los países andinos.
¿Esto resolverá la situación? Para nada, mientras la demanda de oro y cocaína se mantenga, la dinámica criminal luego de esas capturas publicitarias, permitirán procesos de sucesión y re conformación de la arquitectura criminal en las zonas urbanas de Sullana, Trujillo y el Cono Norte en Lima, el fortalecimiento de las rutas terrestres del paso de drogas y oro en los Andes y la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico en la Selva Baja.