Por Ricardo Soberón, analista
El principio de la cooperación internacional entre Estados soberanos para enfrentar las distintas formas de criminalidad esta presente en diversos tratados internacionales que tienen su origen en las Naciones Unidas: drogas, crimen organizado, derecho penal internacional, Estatuto de Roma, hasta el regímen de derecho humanitario.
Sin embargo, en la implementación en el terreno, o sus promotores (Rubio, Hegseth), han quedado cortos en la forma de hacerse efectiva dicha cooperación (relaciones asimétricas entre el Estado que proporciona y el Estado que recibe la ayuda) o mas bien representan un riesgo para evaluar la efectividad de su “cooperación”. Uno de los presupuestos básicos es la reciprocidad e igualdad de condiciones en la forma como se entrega y recibe: información, capturas, procedimientos penales, etc. No hay detenidos en EE.UU, no hay condiciones para asegurar las cadenas de suministro en territorio norteamericano.
En la medida que este principio es la base para que países como EEUU definan una nueva modalidad de enfrentamiento híbrido, basados en acciones militares focalizadas, intervenciones políticas unilaterales, intercambios parciales de información e inteligencia, mientras que de otro lado los mismos EE.UU influeyen en procesos electorales para que favorezcan a gobiernos afines, hacen el “juego sucio” contra la presencia china, suscriben ventajosos acuerdos para la explotación de recursos y siguen debilitando a gobiernos, políticos y movimientos que son contrarios al pensamiento norteamericano.
El asunto fundamental para pensar en una cooperación efectiva, es la determinación de ¿que ordenamiento jurídico se aplica, el del país donde se cometen los delitos, o del país que emprende la tarea de captura? Es decir el problema de mando, jurisdicción y responsabilidad.
Al parecer las acciones que históricamente emprende EE.UU para luchar contra narcotráfico desde la década de los 80, el terrorismo desde el 2001 y ahora, desde el 2025 los grupos criminales a los que denomina hostiles, son para llevarlos a tribunales norteamericanos, donde son frecuentemente objeto de una colaboración eficaz para construir pruebas contra otros actores (Correa, Chávez, Maduro, Morales, Petro).
Esta denominación se aplica de manera indiscriminada a bandas, grupos, pandillas hasta milicias, grupos armados y aparatos mas sofisticados. Generación de una serie de alianzas, federaciones entre grupos criminales en una suerte de repartición territorial, que hacen más compleja la actividad persecutoria del Estado.
La conformación de plataformas internacionales y extra territoriales, como Misiones de Mantenimiento de la Paz, el denominado Grupo de Supresión de Pandillas en Haití (que tiene la legitimidad proporcionada por el Consejo de Seguridad de la ONU), se convierte en una justificación que permite y facilita la incorporación de aparatos logísticos, unidades armadas y las sofisticada tecnología norteamericana en el hemisferio occidental. Esto provoca la militarización de regiones enteras, particularmente en zonas de frontera. Como refiere el periodista Juan Martínez, la situación en ese país caribeño, refiere a un policonflicto donde interactuan decenas de pandillas, mercenarios, diversas milicias y otros grupos irregulares por el control de barrios, lugares y territorios, para desarrollar su actividad ilegal.
¿Es posible la derrota militar de estos grupos? ¿Es exportable un modelo tan circunscrito como el que aplicó Bukele en su país? La intención de Bukele de posicionarse como el “dictador mas cool”, como el mismo refiere, como un seguidor de la línea de Trump en el hemisferio, puede chocar con esa misma intención de querer generalizar un problema, que es mucho más específico y complejo.
La situación del aumento y expansión de criminalidades en América Latina, la confirman como la región mas violenta y desigual del mundo, por tasas nacionales de homicidios, por número de delitos, por actos de violencia, por niveles de inseguridad cualquiera que sean los indicadortes usados. Prácticamente, la ilegalidad, la informalidad, se han convertido en un modo de supervivencia para gruesos sectores de la población latinoamericana, obligada a participar de extorsiones, tráficos diversos e incluso el aumento de sicariato.
Hay muchos territorios que hoy en día escapan al control efectivo del Estado de Derecho: zonas marginales en Guayaquil, Cúcuta, las favelas de Río de janeiro, las villas ern el Gran Buenos Aires, extensos territorios en Sinaloa o la amazonía colombo venezolana, amplias zonas de frontera amazónica entre Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Tengo la impresión que el modelo que propugnan Trump y toda su cohorte de mandatarios autoritarios, va a chocar con sus propias limitaciones y riesgos: migrantes expulsados, cabercillas detenidos en prisiones americanas.
