Por: Ricardo Soberón, analista.
El problema del reclutamiento en el caso del conflicto en Ucrania, es un problema complejo de carácter jurídico y humanitario, con múltiples aristas que merece un abordaje especial, pues afecta a diversos ciudadanos latinoamericanos, entre ellos a varias decenas de peruanos. La mayoría de los reclutados provienen de países con experiencia de combate o por lo menos de un rígido servicio militar, como puede ser el caso de Colombia, Cuba o Perú. En el caso colombiano, se han identificado redes de mercantilización de la guerra, dirigida también hacia el conflicto en Sudán, que han llevado a que tanto el Consejo de Seguridad de la ONU, como la Lista SDN (Specially Designated Nationals) de la Oficina de Foreign Assets Control (OFAC) del gobierno norteamericano empiecen una tarea de fiscalización
La prolongada duración de la guerra y el carácter atroz que ha adoptado, ha obligado a ambos contendientes a buscar nuevas fuentes de reclutamiento en el exterior. Países de otros continentes como Asia y África también han sido objeto de similar invitación. El Derecho Internacional es claro, existen normas precisas que proscriben el acto de contratación de extranjeros en ejércitos regulares, como es la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, así como la Resolución 1591 del Consejo de Seguridad de la ONU, para el caso de Sudán. Pero la existencia de este régimen no ha evitado que ocurra en múltiples conflictos: en Sudán, en el Congo, en Afganistán. Incluso una página web ucraniana señala sobre el riesgo de ser considerado mercenario: “¿Seré considerado mercenario o criminal si me uno a las Fuerzas Armadas de Ucrania? No, será a todos los términos legales un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como los ucranianos que sirven. Sin embargo, recomendamos revisar las leyes de su país en cuanto al servicio en un ejército extranjero”.
En primer lugar, afecta principalmente a personas que han servido y han sido licenciados de las fuerzas armadas de su respectivo país y que por motivos de falta de oportunidades y de reinserción en la vida civil, se ven obligados económicamente a aceptar este tipo de actividades riesgosas en el extranjero. Las ofertas económicas son apetecibles en términos de condiciones monetarias. Otro segmento igual de atractivo es el de los oficiales en retiro o que dejan el activo. Recientemente “Otra Mirada” descubrió el esquema de reclutamiento usado por empresas norteamericanas como Constellis Group conformada por las ex Blackwater y Third Canopy y la británica Armour Group.
Si analizamos las estadísticas observamos que por las características del conflicto, tanto Ucrania como Rusia han utilizado este mecanismo. En el caso ucraniano se ha formalizado mediante la formación de la “Legión Internacional” como parte del ejército ucraniano, compuesta por ciudadanos de más de 50 países. Recientemente se produjo un reclamo de familiares en Lima, frente a la Embajada de Rusia, que derivó en la atención de la Cancillería peruana y las gestiones que ambos países realizan, para asegurar su retorno seguro.
El problema fundamental con los que han servido se refiere a las condiciones de su retorno a sus países (repatriación). En su vuelta a la normalidad anterior, por lo regular, regresan con algún nivel de estrés traumático y otras secuelas mentales producto de experiencias bélicas, particularmente una aceptación de las atrocidades que ha vivido o atestiguado. Este tipo de situaciones personales que deshumanizan a las personas, facilitan una vez retornado a la vida civil, su posterior reclutamiento por grupos armados y organizaciones criminales que requieren sus servicios, convirtiéndose así en un problema de seguridad pública en sus países. Dada la compleja cartografía de organizaciones criminales que operan en la región andino amazónica, los reclutas retornados se convierten en un blanco perfecto.