- Soberón, ex presidente ejecutivo de DEVIDA.
2 de agosto 2026
Con poca sorpresa, sin consultar a los peruanos, ni al nuevo Congreso instalado, la nueva presidenta Keiko Fujimori ha anunciado su interés de involucrar al Perú en el “Escudo de las Américas”, una propuesta sorpresiva que tendrá hondas repercusiones para la política exterior, la soberanía y la estabilidad futura del país.
El Perú, como el resto de la región andina, tiene una larga experiencia de una “Guerra contra las Drogas” iniciada en 1989 mediante la Iniciativa Andina impulsada por el gobierno de george Bush (padre), que no ha tenido efectos positivos para la región, en términos de seguridad ciudadana, orden público y lucha contra la criminalidad organizada. 37 años después, la región andina tiene más de 350,000 has de coca, produce 2,700 toneladas de cocaína que son consumidas por 23 millones de consumidores en el mundo, de los cuales 6 millones son norteamericanos (UN ODC, 2025).
Hoy, la situación es mucho más compleja y difícil que en el pasado. Se produce la convergencia del narcotráfico, la minería ilegal y otros ilícitos que responden a demandas externas en América del Norte y Europa, y que ahora se expanden a Ecuador, Bolivia, norte de Chile y Argentina. En los últimos años, ya se han venido aplicando en el Perú políticas desordenadas de “mano dura”. Sin embargo, continua produciéndose la progresiva “amazonización” de las economías extractivas ilícitas en toda la región. Particularmente desde los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar y ahora Keiko Fujimori, estamos adhiriendo a una estrategia que responde a una visión equivocada y a intereses ajenos al Perú.
La declaración de la presidenta Fujimori, debe ser objeto de un mayor análisis y debate político, así como un mayor control y fiscalización en el Congreso, por los medios de comunicación y entre la opinión pública nacional, por los siguientes motivos:
- Por que representa una iniciativa unilateral, no consultada, arbitraria, injusta e ineficiente para caracterizar y abordar el fenómeno de la criminalidad organizada internacional. Busca que perseguir a través de Ordenes Ejecutivas de la Casa Blanca que no cuentan con autorización congresal en su país, que apunta esencialmente a ciudadanos latinos, migrantes sospechosos y gobiernos progresistas con pensamiento propio, a través de listas de organizaciones criminales en donde -paradójicamente- no figura ninguna proveniente del Norte. Además, la experiencia de esta “guerra” en México y Colombia demuestran que la sola persecución, extradición y condena en EE.UU de cabecillas como “Chapo” Guzman, “Mayo” Zambada y otros, no garantizan la desaparición de la organización criminal.
2. Representa una versión renovada de la fracasada “Guerra contra las Drogas” (1980-2000) que se implementó con muy poco éxito en México, América del Sur y América Central. Ahora, bajo el manto de la denominada “Doctrina Donroe”, se reproduce como un modelo replicable en América Latina, dejando por fuera a los propios EE.UU, mayor consumidor de cocaína e importador de oro en el mundo. Esta iniciativa se caracteriza por instrumentos que ya han mostrado su poco éxito: el enfoque de “Reducción de la Oferta” que reproduce la dispersión y fragmentación de cultivos ilícitos, dragas y espacios bajo control criminal en la Baja Amazonia sudamericana; la aplicación del “modelo Bukele” en sistemas de Justicia sobrecargados, con serios riesgos para la democracia y los DDHH de nuestros países; promueve una peligrosa militarización de un fenómeno esencialmente policial y judicial como lo demuestra la reciente intervención militar en Venezuela y el ataque a supuestas “narco” lanchas que ha provocado según WOLA, la muerte de 291 personas, en su mayoría pescadores; el uso desmedido y sin control del concepto de “narco terrorismo” que no corresponde al complejo fenómeno que se pretende abordar, con instrumentos de justicia especial, indiscriminado uso de estados de emergencia como lo vienen haciendo anteriores gobiernos peruanos en regiones como Madre de Dios, VRAEM, Pataz y el Trapecio Amazónico,
3. Como lo manifiesta en su Estrategia de Seguridad Nacional y de Defensa Nacional, lo que realmente busca la administración Trump es el control de los recursos naturales estratégicos que se encuentran distribuidos en los distintos países de América Latina, así como evitar reducir e incluso eliminar la presencia de otros super poderes globales en la región. Desde Groenlandia, el Canal de Panamá, la Amazonia, el Triángulo del Litio, la Franja del Orinoco, entre otros. Ello explica, la apropiación ilegal del flujo petrolero venezolano, así como la suscripción de acuerdos específicos para la explotación de minerales de tierras raras, la expansión de proyectos de gran minería por capitales de EE.UU, Canadá, Australia y UK
4. Esta concepción, propuesta y los instrumentos que conlleva el Escudo de las Américas, la Coalición anti carteles y la propuesta aprobada en la reciente Declaración de Cusco que suscriben los Ministros de Defensa del hemisferio, constituyen una ruptura al alicaído orden internacional, una flagrante violación a la Carta de la ONU, de la OEA, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Humanitario.
Por los cuatro motivos expuestos, solicitamos inmediatamente que la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión Asesora de la Cancillería, las fuerzas políticas representadas en el Congreso, los partidos y movimientos regionales, discutan y se pronuncien, exigiendo un debate público sobre este anuncio presidencial.