Por Ricardo Soberón, analista.
La libertad de los mares y de comercio, ha sido un principio fundamental del Derecho Internacional y particularmente ha sido objeto de defensa por la política exterior de los diversos gobiernos norteamericanos, desde que un incidente ocurrido con la fragata Filadelfia y la captura de sus tripulantes por un grupo de piratas en las costas de Libia (1803), ocasionó una respuesta militar de la marina norteamericana. De hecho, la Convención del Mar de 1982 se fundamenta en dichos principios. Mientras tanto, la esencia de la política de defensa y seguridad de China perciben como objetivo (aparte de Taiwán), el fortalecimiento de su posición estratégica en el Mar del Sur de la China.
El globo y por ende el comercio mundial, es dependiente a una serie de lugares de transporte y comercio estratégicos -usualmente conocidos como Estrechos- tales como Hormuz, Malaca, Bab el Mandeb, Canal de Suez, Panamá y otros de menor importancia, pero que concentran y focalizan el transporte marítimo. El control sobre ellos puede representar un obstáculo en la marcha del comercio de bienes y servicios, particularmente el caso del gas y el petróleo. Es por ello que hay que tomar muy en cuenta el modo como estos accidentes geográficos se han convertido en un activo militar de incalculable importancia en caso de guerras completamente asimétricas, como la de EEUU con Irán. No es el primer caso de bloqueo marítimo, pero si es el más efectivo: el cierre de Hormuz significó el corte del 20% mientras que el de Bab el Mandeb representa el 10% del comercio mundial.
Ambos principios han sido abandonados por la segunda administración de Donald Trump, especialmente en lo que se refiere a sus decisiones en materia de política exterior. Primero, con la política arancelaria unilateral e indiscriminada impuesta a lo largo del 2025 y que solo los tribunales federales pudieron contener. Luego, con la reciente puesta de un cargo del 20% de pago en derechos por cada unidad naviera que transita y pretende pasar por el bloqueo naval que mantienen buques militares norteamericanos, sobre el Estrecho de Hormuz. O como señalan los voceros huties: se trata de responder a las presiones de Arabia Saudita y EEUU mediante el concepto de “asedio por asedio”. El 14/7, a pesar de todos los intentos por revertir la torpe decisión de Trump de establecer una tarifa propia por el paso del Estrecho, ésta se mantuvo.
Mientras se suceden idas y venidas en las fases de guerra y dialogo entre ambos países en una pulseada interminable entre Washington y Teherán, el secretario de guerra Pet Hegseth esta comprometido en solicitar ante el Comité de Apropiaciones del Senado, nuevos fondos para seguir haciendo una guerra de seis meses de duración que le viene costando US$ 37.5 billones al contribuyente norteamericano, hasta el momento y su gobierno insiste en no cumplir todos los compromisos y ofertas hechas al electorado norteamericano sobre Irán, hasta antes de iniciar la guerra, impulsado por el primer ministro Netanyahu. Los propios documentos de inteligencia norteamericanos señalan que este país no va a poder doblegar a Irán, con lo cual la incertidumbre sobre el momento que pueda sobrevenir otra crisis energética de alcance global, es incierto.
El dilema es si esos sitios estratégicos pueden ser considerados como vías internacionales o espacios territoriales sujetos a la soberanía de los Estados. Entendemos que bajo la Convención del Mar se deben garantizar el libre tránsito, pero desde una perspectiva realista donde predominan los intereses particulares, lo cierto es que Irán y los huties están utilizando su cercanía geográfica para impactar a quienes les convienen. ¿Que significado tendrá el dejar de lado este principio internacional? Estamos frente a un cambio de régimen donde prevalece la incertidumbre de quien maneja los estrechos marítimos. Estamos en un momento de transición, de uno libre y abierto de acceso a los comunes, a uno dominado por las amenazas militares, la geografía, y el hecho que la seguridad energética está íntimamente relacionada a la