Un mundo Global, Frío y nuevamente Bi (Tri) polar. Un escenario marcado por los cambios de un mundo post COVID y los retos sobrevinientes para la recuperación sanitaria, social y económica de la humanidad, en el marco de una globalización desordenada por nuevas tensiones geopolíticas que mantienen viejas asimetrías entre países ricos y pobres. Asimismo, las visibles consecuencias del irreversible calentamiento planetario[1], de la mano con la lentitud de los países industrializados en cambiar la matriz energética, se manifiestan en responsabilidades y afectaciones diferenciadas, a las sociedades del Norte y el Sur. Tales cambios, pudieran marcar el derrotero de las relaciones internacionales de los Estados que viene desde el 11/9 del 2001, por lo que resta del siglo XXI:
- a pesar de los esfuerzos en el campo militar (como las asociaciones extra-OTAN), observamos una evidente pérdida de liderazgo geopolítico global de EE. UU como lo demuestran los hechos ocurridos en Venezuela y Afganistán, que se reproduce en los diversos escenarios de América Latina;
- el aseguramiento geopolítico y comercial de China -particularmente en la región-, su asociación con Rusia y el rol particular de ésta y los BRICs, como ejemplo de un nuevo equilibrio internacional, pero con varios elementos característicos de la anterior Guerra Fría (1945-1991), como el mantenimiento del armamentismo, el entrampe de los tratados de desnuclearización, la creciente disputa tecnológica o la responsabilidad sanitaria y/o ambiental.
Luego de la anterior experiencia de auge y caída de UNASUR y CELAC, se viene un próximo período en el que América Latina debe recomponer su arquitectura multilateral de manera libre y soberana, para dejar de ser un actor política y económicamente periférico, aun en sus propios asuntos de interés; ésta, debe estar basada en los principios de soberanía, equidistancia, autonomía y respeto entre los pueblos, el reconocimiento de la plurinacionalidad, el buen vivir, la cooperación sin condiciones, la consideración de América Latina como zona de paz, y no injerencia.
La Patria Grande y los Retos. En el plano hemisférico, se repite regularmente el péndulo entre conservadurismo neoliberal, diversas formas de populismo y los progresismos agrupados alrededor del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla y acicateados por las diversas movilizaciones ciudadanas, en donde EE. UU y su destino manifiesto pierden primacía en la determinación de las acciones regionales, como ocurre en Venezuela o la acción de la propia OEA.
La actual coyuntura política hemisférica, plantea la posibilidad concreta de una segunda ola de regímenes progresistas en el hemisferio, como parecen demostrarlo no solo los casos de los gobiernos de AMLO en México, Fernández en Argentina y Arce en Bolivia, a los que se une pronto Perú y Chile. Se abre la posibilidad de que propuestas de izquierda encabezadas por Petro y Lula, asuman el poder el Colombia y Brasil, respectivamente, el próximo 2022. En lo que va del siglo XXI, la mayoría de las administraciones de tendencia conservadora y populista en América Latina, han preferido mantener las Políticas de Drogas vigentes, fundadas en la interdicción y la represión[2], antes que ir al fondo socio económico y cultural detrás de su producción y uso. En este sentido, la cooperación norteamericana de USAID, el Comando Sur y el NAS, se ha sostenido en este eslabón del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional, para conducir durante los últimos cinco décadas la política antidrogas en los países andinos, América del Sur y el hemisferio, asegurando de paso sus intereses políticos y económicos, como lo muestran la secuencia de intervenciones, “asistencias” condicionadas, embargos y sanciones, que han socavando la esencia de la responsabilidad compartida. Incluso, hay grupos políticos y de poder en la región, que durante sus campañas electorales ofrecen y luego en ejercicio aplican el discurso de la “mano dura” francamente discriminatorio, a través de una mayor militarización de los territorios afectados por los tráficos ilícitos o la migración ilegal, como ocurre en territorios íntegros en México, Colombia o Perú, grandes operaciones policiales, criminalización de la protesta socio ambiental, sanciones y certificaciones diplomáticas, entre otros instrumentos que marcan las relaciones con América Latina.
En este marco, son frecuentes la declaración de los estados de excepción o de conmoción permanentes, que debilitan los derechos de la población y ayudan a generar una mayor confusión respecto de roles y límites de la acción policial sobre en el marco de la seguridad ciudadana y la confirmación de una doctrina militar relativa a la seguridad nacional, verdaderamente subordinada al poder civil. Han sido frecuentes en este proceso, los riesgos y casos de corrupción institucional, operaciones encubiertas, “falsos positivos”, “gatillo fácil”, secretismo, acciones irregulares de diversa índole, uso de mercenarios, a nivel castrense.
Es necesario plantear, en este contexto de los dilemas y límites de nuestras aun jóvenes democracias, un alivio a la difícil situación geopolítica que se cierne actualmente sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, y de paso ayudar a mejorar los esfuerzos que no funcionaron en el UNASUR y CELAC, produciéndose el péndulo regular en las relaciones internacionales de América Latina. Son indispensables profundas reformas en materia de política exterior, tradicionalmente apegada a los esquemas multilaterales y formales clásicos en nuestras diplomacias. En tal sentido, se deben priorizar los principios de no injerencia, autodeterminación, responsabilidad verdaderamente compartida, proscripción de escenarios de guerra entre vecinos. América Latina debe recuperar los viejos principios del Congreso Anfictiónico de 1830 seguidos por la Unión Panamericana y la OEA, pero sin la predominancia de ninguno de los actores.
La Expansión de la infiltración de Crimen Organizado. Los problemas generados por la alta criminalidad organizada en algunos países (México, América Central y Brasil), se expanden en otras ciudades latinoamericanas siguiendo la ley de la oferta y la demanda, lo que ha provocado la aparición de verdaderos “bolsones” urbanos en favelas y villas controladas por el crimen organizado. Además, estas redes suelen estar enquistadas en círculos cercanos al poder, como ha ocurrido en Perú, Colombia y México, mientras que algunos han denunciado las verdaderas componendas entre poder político y grupos criminales.
De forma acumulativa, el crimen organizado alrededor de los diversos tráficos ilícitos está infiltrando y aniquilando nuestras democracias, el ejercicio de derechos, afectando la gobernanza territorial y la vida de los individuos[3]. Los Estados latinoamericanos han perdido el control entero de territorios alejados en fronteras, recurriendo de forma permanente a los estados de excepción. En paralelo, los niveles de corrupción trascienden los gobiernos en cualquiera de los niveles: alcaldías, regiones o provincias y a nivel nacional.
Los Efectos Perversos de la Prohibición. Cincuenta años del discurso de “guerra” contra las drogas, son seguidas de leyes draconianas restrictivas de derechos. Han ocasionado muchas víctimas entre usuarios, productores, detenidos y reclusos, campesinos[4], mujeres violentadas, adolescentes, colonos en conflicto por tierras con indígenas, entre otros. Sobre ello, se han pronunciado organismos internacionales[5], think tank reconocidos[6], especialistas individuales de distinto tinte político. Hoy en día, la Región Andina sigue siendo la única productora mundial de cocaína, México, Brasil y América Central son los centros de tráfico y tránsito de drogas hacia Europa y Estados Unidos.
Vivimos un dilema complejo: convivimos con políticas públicas ciegas indiscriminadas y de “mano dura”, con puntuales y aún muy tibios procesos desreguladores como es el caso de Uruguay en el caso del cannabis y Bolivia en torno a la coca. Necesitamos efectivamente, salir del paradigma de la prohibición y la guerra contra el crimen planteados en los regímenes internacionales vigentes, en tanto se convierten en factores que reducen y debilitan la vigencia de las 3 Ds: democracia, derechos y desarrollo.
Las Reformas de Drogas. La experiencia de las reformas de políticas de control de drogas ocurridas entre el 2008 hasta el 2021 incluido, tanto en Europa y EE.UU, como en algunos países de América Latina (Uruguay, Bolivia, Colombia México), abrieron pasos importantes para un nuevo paradigma que incluye el respeto a nuevas salidas al tema de la producción y uso de drogas; el respeto a los usos tradicionales y modernos de las plantas psicoactivas como el cannabis, la coca o el ayahuasca, entre las culturas indoamericanas; la primacía de los instrumentos y enfoque de DDHH sobre las obligaciones anti narcóticos; el uso de los instrumentos legales establecidos en los propios tratados de 1961 y 1988, para intentar su reforma.
En circunstancias que atravesamos la conmemoración del Bicentenario de nuestras Repúblicas, salvo contadas excepciones, el respeto a los Pueblos Indígenas, principalmente sus derechos de participación política, ordenamiento territorial y derechos económicos, sociales y culturales siguen pendientes de cumplimiento y han sido afectados por esta Guerra indiscriminada
Resulta trascendental la necesidad de desatar los nudos que persisten alrededor de los temas que se encuentran detrás de la Lucha contra el Narcotráfico y que afectan a nuestros ciudadanos: los que impiden la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, fuera de las metrópolis y centros del poder, no permiten el logro de un efectivo Desarrollo Sostenible especialmente en el mundo rural como lo plantea el PNUD y la Agenda 2030, y mejorar sustantivamente la vigencia de los Derechos Humanos para las poblaciones más vulnerables, mujeres, indígenas y jóvenes. Lamentablemente, las tres décadas de crecimiento económico inducido por los precios internacionales de los metales, fueron una oportunidad perdida (FMI, CEPAL) para gran parte de nuestros países caracterizados por una economía extractivista.
- Resultan prioritarios la aproximación efectiva a los temas de salud pública y salud mental, respectivamente. Empezando por revisar la lista de drogas sujetas a control y su aplicabilidad regional; luego, la no criminalización de iure ni de facto a los usuarios, en fiscalías o estaciones policiales; se deben aplicar y presupuestar verdaderas políticas de reducción de daños y prevención social, revisando incluso el paradigma de enfermedad y salud mental.
- Los Mitos del Desarrollo Alternativo. En los últimos treinta años, las experiencias de sustitución o reconversión de cultivos y economías impulsadas por la ONU y EE. UU, han invertido mucho dinero. Ellas han tenido eficacia limitada para resolver los problemas socio económicos que llevan a campesinos pobres a las economías ilícitas. No existen los “milagros” ni las “varitas mágicas” en el desarrollo del campo; así hemos sufrido las consecuencias periódicas de la resiembra o la mejora tecnológica en la producción de drogas. Mientras, se mantienen economías primario exportadoras, aumentan los megaproyectos post IIRSA, se expande la agroindustria fundada en monocultivos como la soya y la palma africana, produciendo una creciente deforestación de la Cuenca Amazónica y la pérdida territorial para los PP. II. La dependencia de los productos alternativos al mercado internacional, y la coexistencia con un sector agrario fuertemente subsidiado por los países del OCDE, siguen siendo un problema fundamental de precios que afectan a los campesinos cocaleros, marimberos y de amapola.
La solución necesariamente pasa por la forma de entender la protección y cuidado del ambiente con un desarrollo rural y agrario que, partiendo de un efectivo control y ordenamiento espacial, respete la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, para contribuir en la gobernanza de los territorios, con el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas[7] y la convivencia pacífica con los agricultores andino-amazónicos.
- Sobre el funcionamiento del sistema financiero y el comercio internacional, y los intentos de correctivos que se hicieron en los últimos años relativos a la prevención y lucha contra el narcotráfico, encontramos los mayores nudos gordianos. A pesar de los esfuerzos hechos en el campo multilateral, el sistema financiero sigue dependiente de formas de acumulación de capitales, sin considerar su proveniencia. Así, el lavado de activos se constituye en la mayor fuente de blanqueo y legalización de recursos provenientes de las economías ilícitas.
En el funcionamiento de los mercados internacionales de recursos y commodities, siguen sin respetarse los criterios y principios que deben regir en la determinación de los términos justos de intercambio, una economía social, que indudablemente están en cualquier agenda progresista. Una importante lista de tratados comerciales en el campo multi y bilateral, socavan nuestra soberanía al hacerlos depender de medios arbitrales foráneos. Merecen una revisión exhaustiva para determinar sus consecuencias no queridas, particularmente
- Seguridad, Justicia y Cárceles. La aplicación de procesos abreviados, encubiertos, tribunales de drogas, extradiciones formales o simples expulsiones, delaciones, recompensas y entregas vigiladas, han reducido el carácter garantista a la reforma penal. Deben producirse cambios fundamentales en la administración de justicia penal y aliviar de veras la catastrófica situación de las cárceles latinoamericanas; la sobrepoblación y el hacinamiento deben resueltos en el mediano plazo con una efectiva descriminalización progresiva muy bien diseñada, así como una revisión y focalización de los delitos a ser perseguidos, que supere las actuales reformas implementadas. Tenemos que revisar a profundidad la política criminal y la justicia aplicada en los casos de drogas, que hoy da cuenta de buena parte de los recursos, criminalizando usuarios y productores.
En consecuencia:
Planteamos la urgencia de proponer, convocar y organizar un proceso de conversaciones a nivel de las organizaciones sociales del Continente, y en simultaneo de negociaciones entre las Cancillerías de nuestros países, que ayude en la construcción de una Agenda Común a propósito de la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, en materia de seguridad, relaciones exteriores, justicia, desarrollo y comercio, y que de pie a una gran Conferencia Hemisférica, convocada, implementada y coordinada por los Cancilleres de los países progresistas convocados acá, que avancen en la discusión y reformulación de propuestas para afrontar los temas que se encuentran detrás de lo planteado en este Manifiesto.
[1] Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel of Climate Change, August 2021.
[2] Convenciones de la ONU (1961, 1988), Estrategias latinoamericanas, planes regionales vigentes, pero sobre todo una extensa red de convenios bilaterales con los Estados Unidos, en donde prevalece policía, prevención y desarrollo alternativo.
[3] Insight Crime https://es.insightcrime.org/
[4] https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/declaracion-de-heemskerk 25 de enero 2016.
[5] World Drug Reports de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, resoluciones de la Comisión de Estupefacientes y la Organización Mundial de la Salud.
[6] Diversos Estudios y publicaciones de Berkley Foundation, International Drug Policy Consortium, Transnational Institute.
[7] Reconocida en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007.
