Rodrigo Chagas, Profesor del curso de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Roraima (UFRR) e investigador del Programa de Posgrado Sociedad y Fronteras y del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
La nueva tragedia Yanomami representa una de las caras más brutales de la llamada «cuestión amazónica». Una región que durante décadas ha estado marcada por actividades degradantes como el tráfico de personas, drogas y oro, migración masiva, minería ilegal, apropiación ilegal de tierras y conflictos violentos entre diferentes grupos, incluyendo indígenas, mestizos, empresarios y el Estado brasileño. La región es un territorio en disputa permanente que se presenta como un enigma para el siglo XXI: o desciframos este problema o seremos devorados por él.
Los actuales conflictos causados por la minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami son un ejemplo extremo de la necesidad de encontrar una alternativa. Para comprender esta situación, es necesario caracterizar la principal amenaza para los pueblos que viven allí: la minería ilegal. Un conjunto de actividades que impactan negativamente en la selva y las comunidades en toda la Amazonía, especialmente perjudiciales para los pueblos ancestrales.
La minería ilegal en la Amazonia brasileña en general involucra a una élite compuesta por políticos locales, regionales y, a menudo, nacionales, además de funcionarios públicos, pequeños empresarios de diversos sectores y pilotos de aviones, entre otros profesionales calificados. Por otro lado, también hay mestizos, indígenas y migrantes que trabajan en la operación de maquinaria, deforestación, comercio, prostitución y transporte. Estas actividades se transmiten de generación en generación y, en gran medida, han sido históricamente alentadas por el Estado.
En Roraima, es posible observar claramente esta dinámica, y su trayectoria política es ejemplar para comprender cómo se arraigó el complejo social de la minería ilegal en la región. El estado de Roraima, originalmente llamado Territorio Federal de Río Branco, fue separado del estado de Amazonas en 1943 para formar un área excepcional administrada directamente por el Estado federativo con el objetivo de proteger las fronteras durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1964, los Territorios Federales fueron considerados áreas de máxima seguridad nacional y pasaron a ser gobernados por las Fuerzas Armadas. El territorio de Roraima fue gobernado por la Fuerza Aérea, el de Amapá por la Marina y el de Rondonia por el Ejército, convirtiéndose en territorios relativamente independientes, con una gran centralización de poder en la figura del gobernador.
En este contexto, se construyeron las grandes autopistas, la BR-174, entre 1970 y 1977, y la BR-210 (Perimetral Norte), cuya construcción se inició en 1973, alineadas con los «grandes proyectos» de desarrollo de la Amazonía. Sin embargo, ambos emprendimientos fueron responsables de casos notorios de genocidio indígena. Los Waimiri-Atroari fueron las víctimas en el primer caso, mientras que los Yanomami fueron las víctimas en el segundo. Los relatos de estos episodios incluyen la infección intencional de comunidades indígenas enteras y el uso de trampas que electrocutaban a los indígenas con baterías de camiones, entre otras estrategias consideradas «civilizatorias» por los responsables.
Para comprender la importancia de la minería en el desarrollo de Roraima, basta recordar que el exgobernador Hélio da Costa Campos, un coronel aviador de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), construyó el “Monumento ao Garimpeiro”,[1] ubicado en la plaza del Centro Cívico, frente al Palacio de Gobierno del estado. Él creía que la minería de oro y diamantes era una de las dos principales vocaciones económicas del estado, junto con la ganadería. En 1967, Campos apostó en el “garimpeiro” como el agente por excelencia para el desarrollo de la región, reforzando esta creencia con la divulgación de los yacimientos minerales por parte del Proyecto Radan en 1975.
En 1985, más de cuatrocientos garimpeiros financiados por propietarios de minerías del río Tapajós (PA) invadieron la Serra do Surucucus, un área Yanomami. Hay denuncias de que uno de los gobernadores más populares del estado, el Brigadier Ottomar Pinto, apoyó esta «Operación Surucucus». El objetivo era crear un gran problema social para que el recién elegido presidente Tancredo Neves no pudiera retirar a los garimpeiros debido a la complejidad de la ocupación del territorio.
Ese mismo año, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) cerró una área de 9,411,108 hectáreas, iniciando la demarcación de la Tierra Indígena Yanomami, a pesar del aumento de la explotación minera en Roraima, que alcanzó su punto máximo a fines de la década de 1980. Por ejemplo, en 1989, la región produjo ocho toneladas de oro, la mayor cantidad registrada hasta entonces. La tragedia que sufrieron los Yanomami durante este período tuvo repercusión a nivel mundial y generó una gran presión internacional sobre el gobierno brasileño. La Comisión Pro-Yanomami (CCPY) lideró la movilización que se desarrolló en el contexto de la Eco-92, la primera conferencia de la ONU sobre medio ambiente, realizada en Río de Janeiro. Como resultado de esta presión, el presidente Fernando Collor ordenó la retirada de más de 40 mil garimpeiros y demarcó oficialmente la Tierra Indígena Yanomami.
Durante la retirada de los garimpeiros, el nuevo gobernador civil de Roraima, Romero Jucá, presentó el Proyecto Meridiano 62, que proponía la creación de reservas mineras para reemplazar las iniciativas de los garimpeiros individuales por grandes empresas mineras después de dos años. Aunque el proyecto no fue aprobado, Jucá lo intentó nuevamente años más tarde, en 1996, cuando presentó un proyecto de ley para regular la actividad minera en áreas indígenas, ya durante su mandato como senador.
Después de una legislación favorable a la minería entre 2018 y 2022, el gobernador actual de Roraima, Antonio Denarium, sancionó leyes que violan la Constitución brasileña, como la autorización del uso de mercurio en la región y la prohibición de la quema de maquinaria de las minerías ilegales. En una reciente entrevista, el gobernador causó conmoción en la opinión pública al defender ideas obsoletas, insistiendo en la necesidad de «aculturar» a los indígenas y pagar regalías para mejorar la calidad de vida de los Yanomami, diciendo que deberíamos hacerlo «como los indígenas norte americanos».
Por lo tanto, la tragedia actual no se construyó de la noche a la mañana. La presión de la minera ilegal sobre las tierras indígenas es continua y ha ganado fuerza nuevamente a partir de 2016. Es posible que el empeoramiento de la crisis en Venezuela haya llevado a los brasileños que trabajaron en la minería ilegal en el país vecino a cruzar la frontera e invadir la reserva indígena en Brasil. Además, el ascenso de Bolsonaro a la presidencia de la República, un candidato abiertamente favorable a la minería ilegal, hizo que viejos proyectos resurgieran e impulsó una vez más la ocupación masiva de la TI Yanomami, entre otros territorios de la Amazonía. Como queda claro, apoyar la minería es un programa político que genera votos en estados como Roraima, Rondônia y Acre. Sumado a esto, con la pandemia de Covid-19 y las malas condiciones de trabajo en las ciudades, la minería ilegal ha vuelto a surgir como una alternativa económica.
En este contexto, debemos entender el conflicto social entre los mineros y los indígenas de manera que evitemos un enfoque simplista de «nosotros contra ellos». Reducir a todos los involucrados en la minería ilegal como «personas malas» puede aumentar el estrés en un grupo que tiene fuertes lazos sociales y promover la polarización en torno a proyectos obsoletos. Muchos hombres y mujeres que se dedican a la minería ilegal están bajo presión de diversos factores, como condiciones de vida precarias, costumbres arraigadas por generaciones y manipulación por parte de empresarios y gobiernos. Además, la naturalización de la minería en varias regiones del norte del país está relacionada con una visión anti indígena del mundo, moldeada por civiles y militares, como se ilustra en el libro «A farsa Ianomami», escrito por el coronel Menna Barreto en 1995.
La protección inmediata de los Yanomami y la eliminación de la minería ilegal de sus tierras son medidas urgentes y necesarias. Sin embargo, para lograr una paz duradera para estos pueblos, es fundamental construir un nuevo proyecto político y económico para la región, que ha sufrido durante décadas debido al fracaso de un modelo diseñado y estructurado durante gobiernos autoritarios. Es importante destacar que el principal temor de los militares no se materializó, es decir, la TI Yanomami no corrompió la soberanía nacional a favor de la «codicia internacional»; por el contrario, es una barrera natural contra el narcotráfico internacional.
La Tierra Indígena Yanomami es uno de los mayores logros de la Nueva República que comenzó en 1988, y la obra «A queda do céu» de David Kopenawa y Bruce Albert ilustra la riqueza cultural y la importancia de este territorio y de estas poblaciones para la humanidad. En un momento en que la preocupación global destaca la dicotomía occidental entre el ser humano y la naturaleza, están surgiendo nuevos paradigmas antropológicos a partir de una relación pacífica y mutuamente comprensiva entre la academia, la sociedad civil internacional y los pueblos Yanomami. Esta experiencia enriquecedora, comparable solo a las odiseas espaciales, puede ser un punto de partida para enfrentar los desafíos de la Amazonía en el siglo XXI.
[1] “Garimpeiro” es el nombre en Brasil de la persona que trabaja en la minería ilegal (garimpo).
