El presente artículo no busca la defensa de un régimen, sino plantea un análisis objetivo para superar el impase de la falta de dialogo entre los dos extremos en pugna. El difícil escenario regional generado por el desenlace de las elecciones presidenciales en Venezuela no puede resolverse exclusivamente en el marco de los estándares del derecho constitucional ni electoral y las categorías propias de los regímenes democráticos occidentales de nuestros países, desde el cual la prensa del mainstream, y una parte de los gobiernos latinoamericanos, seguramente descalifican al gobierno de Nicolás Maduro.
En un mundo caracterizado por la convivencia de viejas y nuevas amenazas a la paz y seguridad globales, desde hace algunos años, América Latina se encuentra atravesando el péndulo periódico entre progresismo y regímenes neoliberales, por llamarlos de algún modo y los regímenes progresistas lidian entre la reelección perpetua o el modelo de la revolución permanente. En ambos casos, no exentos de problemas de corrupción, tráfico de drogas y distintos modos de cooptación de la prensa, la población, los partidos. Algo similar ocurre también en los regímenes neoliberales, como puede suceder en Perú, Paraguay o en Ecuador. Pareciera que la única forma de analizar o evaluar la región es el “paraguas” proveniente de EE. UU (democracia representativa, derechos humanos individuales y no los sociales). El debate actual sobre Venezuela no puede escapar de esta confrontación entre unos y otros, en un escenario muy similar al de una “neo guerra fría”.
Es muy posible que se hayan producido diverso tipo de irregularidades en el proceso electoral (antes, durante y después[1]) como señala la oposición y parte de la comunidad internacional. O que el historial de DD.HH., no sea bueno (ni el gobierno de Bukele[2] o el de Boluarte lo tienen). Pero, del mismo modo los han cometido los representantes de la oposición en el más largo proceso de perforación, aislamiento y marginación internacional del régimen de Maduro en los últimos meses y años. Basta con revisar el sospechoso historial de Edmundo González Urrutia, de Leopoldo López, de Guaidó, de María Corina Machado y sus diversas confabulaciones -desde el golpe del 2002 con Carmona- con los sectores más reaccionarios en Europa, América Latina y Estados Unidos.
Las implicancias del reconocimiento hecho por los gobiernos de EE. UU, Argentina, Perú y Ecuador, o, un poco antes, las dudas levantadas en Europa y otros países de la región dificultan el concepto de legitimidad internacional, no solo para el caso venezolano. Diversos procesos electorales en Guatemala, EE.UU, Brasil, han pasado por similares problemas. Ni siquiera los compromisos asumidos por la Carta Democrática son de aplicación absoluta en este caso. Si así fuera, sucesivos gobiernos de EE. UU debieran ser juzgados también por sus intervenciones directas o indirectas en el desenlace de diversos procesos políticos nacionales como el de Bolivia 2019, el de Ecuador luego de Correa, Guatemala, el Brasil de Bolsonaro.
Procesos políticos como los que ocurren en Cuba, Nicaragua, Venezuela y probablemente Bolivia, no solo demuestran una cada vez más visible división en la izquierda latinoamericana (respecto de México, Brasil, Chile o Colombia). Tales procesos deben ser entendidos también pues las características y categorías que se aplican al bolivarianismo difieren de las tradicionales concepciones sobre democracia (pluralismo de partidos, elecciones formales). Es el caso de la unión cívico militar que pregona, mediante la construcción de unas Fan leales (150,000 elementos) así como la Policía (175,000 elementos), forjado en un cierto clientelismo expresado en dirección de empresas.
Asimismo, en el marco de un escenario internacional complejo, donde los actores globales toman distancia frente a EE. UU, no caben las unanimidades. Los términos, condiciones y estándares de los procesos políticos, no pueden ser analizados y mucho menos definidos por una sola entidad, sea Washington o la OEA. En los últimos días, se ha producido la derrota diplomática en la OEA, se ha conseguido el apoyo de China y Rusia al gobierno de Maduro. Una relativa tibieza del gobierno de Biden que se encuentra sobre extendido por sus conflictos e intereses en Ucrania o el Medio Oriente, así como los intereses petroleros. Es más, ahora el nivel de confrontación obligó al gobierno de Venezuela a romper relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay, República Dominicana y Panamá, ampliando la brecha geopolítica y reduciendo aún más las posibilidades de negociación y dejando a la deriva a miles de conciudadanos.
La opción multilateral del proyecto de resolución de verificación integral de los resultados presentada ante el Consejo Permanente de la OEA quedó neutralizada por la acción de los que decidieron legítimamente ausentarse, abstenerse u oponerse (17/11). Pero fue la animosidad de los representantes de Perú y Panamá, los que llevaron al voto y no permitieron una salida consensuada.
La opción injerencista de EE. UU, de retorno a las sanciones unilaterales o medidas judiciales personales -más allá de su reconocida avidez por recursos naturales estratégicos- , puede quedar entrampada en el conjunto de crisis geopolíticas en las que se encuentra el gran hegemón u otros intereses económicos. Frente a ello, el secretario general de la OEA pretende acudir a la Corte Penal Internacional bajo el espectro de crímenes perseguibles, en los que ya tendrían que estar muchos otros líderes y presidentes (Afganistán, Irak, Gaza[3]). Aquí cobra relevancia las recientes amenazas de Blackwater para cobrar la recompensa por magnicidio de Maduro[4]. O cuando no se aplican los mismos estándares de DDHH/DIH en distintas partes del mundo.
Todo parece indicar que frente a todos los extremos surge la posibilidad de una salida intermedia y negociada para Venezuela, que contaría con el apoyo de México, Brasil y Colombia (ver comunicado conjunto[5]); este pasaría por transparentar actas válidas (gobierno propone la revisión judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia), y hasta una salida al régimen de Nicolás Maduro.
[1] Hasta 300 manifestaciones, doce muertes, según Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal y Laboratorio de Paz.
[2] https://www.aljazeera.com/news/2024/3/27/human-rights-crisis-in-el-salvador-deepening-amnesty
[3] 100,000 bombas de precisión arrojadas, casi 40,000 civiles muertos, bloqueo de energía, agua y comida.
[4] https://x.com/realErikDPrince?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1818618985283547570%7Ctwgr%5E01693f6d6be0424d0a13601d0304bc41227fd25f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fempresa-estadounidense-contratista-de-mercenarios-amenaza-con-magnicidio-en-venezuela%2F
[5] https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/eleicoes-presidenciais-da-republica-bolivariana-da-venezuela-2014-comunicado-conjunto-brasil-colombia-e-mexico?utm_source=substack&utm_medium=email&eType=EmailBlastContent&eId=54c89536-d7de-4466-bb11-bff832bde228
